Lo bueno que tiene la reforma constitucional es que se convierte en la centrífuga de otras reformas sociales.

La justicia, por lo pronto, visualiza ya sus urgencias de futuro, en la forma de nuevas instancias y nuevos procedimientos que la hagan más eficaz.

Los medios de comunicación están urgidos de renovar el marco bajo el cual operan, más que nada para su mejor “aggiornamiento” con los nuevos escenarios y dimensiones que se abren en la era digital.

El Presidente Leonel Fernández ha anunciado su propósito de emprender esta reforma, comenzando por la tan esperada revisión de la ley 6132 que, si bien ha sido un escudo contra muchos instintos coercitivos, amerita ya de que sus penalidades sean abolidas y que algunos artículos se modifiquen para darle pleno sentido a la libertad con que la prensa debe ejercer su misión.

La reforma se llevaría de paso la desfasada e innecesaria presencia del reglamento de espectáculos públicos y radiofonía, y resultaría más abarcadora, pues contemplaría las nuevas políticas para impulsar el desarrollo de los medios electrónicos en cualquiera de los tres soportes tradicionales, el escrito, el visual y el radiofónico, colocándonos en mejor postura para insertarnos en la sociedad de la información.

Otros sectores sociales y políticos, que quedarán impactados por una profunda reforma constitucional, también reclaman nuevos ordenamientos que apunten hacia el fortalecimiento del esquema de vida democrático bajo el cual, gradualmente, ha ido cincelándose el modelo de sociedad en que evolucionamos como nación libre e independiente.