| SANTO
DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos finalizó
el proceso de disolución de la Asociación
Central de Ahorros y Préstamos (ACAP) con el
pago a los depositantes y la venta de la cartera de
crédito al Banco de Reservas, pero quedó
pendiente por resolver un reclamo de 800 millones de
pesos de parte del Consejo Estatal del Azúcar
(CEA), por terrenos que la entidad liquidada adquirió
a crédito, pero que fueron entregados en dación
de pagos en el proceso.
Para el superintendente de Bancos, Rafael Camilo, lo
más importante es que se cumplió la ley
Monetaria y Financiera al pagar primero los depósitos
hasta 500 mil pesos y luego proceder a liquidar los
montos superiores. Indicó que a ahorrantes grandes
se les pagó con dinero líquido y con activos
de la entidad liquidada.
Camilo también reveló que los administradores
de la ACAP fueron obligados a cubrir parte de los pasivos
con bienes propios para saldar deudas de clientes. Señaló
que el 17 por ciento de los pasivos fueron cubiertos
con bienes que tuvieron que entregar parte de los administradores
de la institución.
Expresó que uno de los aspectos que más
le preocupaba es que había fondos depositados
de dos administradoras de fondos de pensiones (AFP)
por 122 millones de pesos, pero que fueron cubiertos
en su totalidad con dinero líquido, y destacó
que fue un proceso transparente y bastante eficiente
porque en sólo dos meses fue disuelta la Asociación.
Ahorrantes
“Quiero decirles que este es el único proceso
de disolución concluido en la historia del sistema
financiero sin pérdidas para los ahorrantes y
sin que el Estado tenga que poner de sus recursos. Ahora
mismo hay en la Superintendencia más de 80 entidades
que por más de 20 años se vienen liquidando
y los depositantes han perdido miles de millones de
pesos en las situaciones anteriores”, sostuvo.
Camilo defendió la transparencia con que se realizó
el proceso de disolución de la Asociación,
para lo cual se hizo una licitación pública
para la cartera de préstamos que tenía
de 247 millones de pesos, la cual fue ganada por el
Banco de Reservas, que pagó 205 por ella, los
cuales fueron utilizados para honrar los compromisos
con depositantes.
Respecto al reclamo que hace el Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), que reclama 800 millones de pesos,
el funcionario dijo que hay una negociación sobre
la tierra para hacer un deslinde y una tasación,
ya que parte de esos terrenos fueron entregados en dación
de pago, como fue a la Asociación Norteña
de Ahorros y Préstamos y al Banco de Reservas
al cual se le debían 447 millones de pesos.
Cuatro entidades serán
absorbidas
El superintendente de Bancos reveló que cuatro
asociaciones de ahorros y préstamos pequeñas,
de provincias, serán absorbidas por las entidades
del ramo con mayor capacidad financiera, porque se comprobó
que económicamente no son viables y podrían
quebrar en un futuro cercano.
Rafael Camilo reveló que ya se inició
el proceso de negociación entre las grandes asociaciones
de ahorros y préstamos y las que serán
absorbidas para determinar las condiciones, al tiempo
que los nombres no pueden ser publicados por “razones
obvias”.
Según el funcionario, los ejecutivos de las entidades
que serán absorbidas han entendido que el mercado
no les permitirá continuar porque los costos
han subido debido a las nuevas regulaciones del sistema
financiero, lo que las hace inviable desde el punto
de vista económico.
El sistema financiero tiene 17 asociaciones de ahorros
y préstamos con la salida de la Asociación
Central de Ahorros y Préstamos (ACAP), que completaba
la número 18. Están activas la Cibao,
Popular, Norteña, Peravia, Romana, Higuamo, La
Vega Real, Duarte, Barahona, Maguana, Mocana, Bonao,
Cotuí, La Nacional, Dominicana, La Previsora
y Noroestana.
En el caso de la ACAP, explicó que no pudo ser
absorbida porque estaba descapitalizada y la que la
asumiera debía poner mucho dinero. Puso como
ejemplo que los 222.6 millones que pusieron los ex administradores
hubieran tenido que ponerlos la que asumiera la entidad
liquidada.Aseguró que no quedan asociaciones
con debilidades tan grandes como ésta, sino que
hay algunas que son pequeñas, de provincias,
que económicamente no son viables porque no dejan
beneficios y pudieran incurrir en pérdidas en
un futuro y quebrar. En ese orden, indicó que
las grandes entidades del ramo están en el proceso
de absorberlas.
Explicó que el problema que existe con las asociaciones
es que nadie es dueño y la Superintendencia ni
por ley ni por nada, puede decirle a alguien que ponga
capital para resolver problemas de pérdidas,
como se hizo con los bancos múltiples.
También informó que las irregularidades
detectadas eran simples, ya que todo estaba en los libros,
por lo que no había una doble contabilidad o
cualquier otro hecho que denotara intención dolosa,
por lo que esas malas prácticas no ameritan un
sometimiento a la justicia, sobre todo porque los depositantes
no perdieron sus recursos.
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