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SANTO DOMINGO.- El ministerio
público retiró ayer la prueba número
siete contentiva de los estados financieros del Banco
Intercontinental (Baninter) de los años 2001
y 2002, así como más de quince anexos
con cientos de páginas de su prueba nueve luego
de que los fiscales renunciaran a su incorporación
por lectura.
El juez presidente del tribunal Antonio Sánchez
Mejía había advertido a las partes que
nada que no fuera leído se podría valorar
y tomar en cuenta en el proceso. Las pruebas retiradas
por el ministerio público procuraban probar la
existencia de un supuesto banco oculto o paralelo en
el Baninter.
El ministerio público retiró las primeras
16 páginas del anexo 28 de su prueba número
nueve y las primeras 24 páginas del anexo 31
de la misma, lo que fue inmediatamente rechazado por
la defensa técnica de Ramón Báez
Figueroa al entender que se estaba mutilando la parte
de las pruebas que favorecen a su cliente.
El licenciado Vinicio Castillo Semán al terminar
la audiencia expresó que “el retiro masivo
de pruebas y anexos de cientos de páginas depositados
con gran publicidad por la parte acusadora revela un
derrumbe estrepitoso de la acusación”.
“Es evidente que este retiro indica claramente
que el ministerio público no cree en la eficacia
de esas supuestas pruebas y sus anexos. Le llegó
la hora del debate de las mismas y el caso se les está
derrumbando,” afirmó el abogado defensor
de Báez Figueroa.
Vincho hace reparo
El doctor Marino Vinicio Castillo, de la defensa de
Báez Figueroa, al hacer los reparos a la lectura
parcial de la prueba nueve del ministerio público
resaltó aquellas partes omitidas de forma deliberada
por los fiscales que a su juicio benefician a Báez
Figueroa.
“Es muy lamentable que el ministerio público
olvide una de sus obligaciones fundamentales que es
respetar el principio de la objetividad que le impone
el deber no sólo de exponer lo que perjudica
al imputado, sino todo aquello que pueda beneficiarlo,”
dijo el veterano abogado.
Asimismo, la defensa técnica de Báez
Figueroa resaltó que el informe de la comisión
de liquidación del Baninter leído parcialmente
por el ministerio público concluyó en
que en Baninter solo hubo violación a la ley
183 Monetaria y Financiera que es precisamente la tesis
que ha venido sosteniendo ese consejo de defensa desde
el inicio de este proceso.
Los abogados de Báez Figueroa plantearon además
que el anexo 19 de la prueba nueve leída por
el ministerio público, consistente en una carta
de la Superintendencia de Bancos a Ramón Báez
Figueroa, lejos de perjudicar a éste lo beneficia
porque ella demuestra que las autoridades regulatorias
otorgaron una dispensa legal para que pudiera presentar
sus estados financieros correspondientes al cierre del
año 2002 a una fecha límite del 24 de
marzo del 2003.
“Este documento aniquila irremisiblemente el
supuesto borrador leído como supuesta prueba
número cuatro por el ministerio público
porque demuestra que nunca existió ese estado
financiero, sino todo lo contrario que en la fecha límite
del 24 de marzo del 2003, Báez Figueroa voluntariamente
y de forma conjunta con el Banco del Progreso remitió
el contrato de fusión con un anexo único
que tenía el tamaño real de los activos
y pasivos del Baninter, lo que fue aprobado sin objeción
por la Junta Monetaria.”
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