BUENOS AIRES/AP.- En un año de elecciones presidenciales, una encendida polémica se ha desatado en la Argentina en torno a porqué recién ahora, a más de 30 años de los hechos que se le imputan, la justicia ha pedido la extradición y procesamiento de la ex mandataria Isabel Perón.

La ex presidenta, de 75 años, está radicada en Madrid desde 1981 y es acusada por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante su gobierno.

El presidente Néstor Kirchner sostuvo que hay un clima nacional crecientemente favorable a no tolerar ninguna clase de impunidad, opinión compartida por otros analistas y dirigentes políticos.
Pero los opositores moderados y derechistas del gobierno, y un sector de la prensa, creen ver en la acción judicial una presión ejercida por Kirchner para distraer a la opinión pública y tender una “cortina de humo” sobre otros acontecimientos que el gobierno querría hacer olvidar.

La justicia española dispuso el viernes la detención e inmediatamente después la libertad provisional de la ex presidenta, mientras se sustancia el juicio de extradición pedida por el juez federal Raúl Acosta, de la provincia de Mendoza. La señora de Perón rehusó viajar voluntariamente a la Argentina.

El magistrado la acusa de haber firmado decretos que autorizaron a los militares a “aniquilar el accionar de elementos subversivos”, en virtud de los cuales un joven de Mendoza fue detenido y “desaparecido”.

Triple A
Otro juez federal, Norberto Oyarbide, de esta Capital, investiga las actividades de un grupo parapolicial, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organizado y amparado por el gobierno de Isabel Perón, que dio muerte a unos 1,600 peronistas de izquierda y marxistas.