Escribo hoy como comunicador que siempre ha sido constitucionalista y que está convencido de que el problema fundamental de la crisis en la sociedad dominicana de hoy es el irrespeto a la institucionalidad. Recientemente, José Miguel Soto Jiménez, en su tesis de que la RD es hoy un país de antinomia o contradicción con la ley, usaba la cita de “los dos países: el país legal y el país real”.

Personalmente, me preocupa la aparente pérdida de soberanía del Poder Judicial, dado que los procesos judiciales tienen por escenario los medios de comunicación más que los estrados de los tribunales regidos por jueces y procedimientos legales. Es preocupante porque el gran poder de los medios puede contaminar y hasta manipular el ánimo de los jueces y la correcta administración de justicia como lo que debe ser el Poder Judicial: un poder libre y soberano conforme a los dictados de la Constitución y las leyes.

Se me ocurre que podría rescatarse esa soberanía, aparentemente perdida, si se dotara al Poder Judicial de frecuencias y equipos de radio y televisión, además de un portal en la red de internet que hiciera llegar, directamente y con comentaristas judiciales de universidades, las incidencias de los juicios en los tribunales, especialmente los de cuello blanco y dinero sucio. Sé que Finjus y otras fundaciones interesadas en la tranparencia y la equidad en el ejercicio del Poder Judicial, aportarían lo necesario para que en RD se procese la justicia directo y en vivo.